Quito, 7 mar (Prensa Latina) Siete entidades del gobierno de Ecuador firmaron hoy un acuerdo para la creación de una unidad de investigación conjunta contra delitos como el lavado de activos y otras actividades financieras ilícitas.
Durante una ceremonia este jueves encabezada por el presidente Daniel Noboa en el Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo, representantes de las siete instituciones suscribieron el acuerdo que mantendrá activa esa unidad por dos años.
Forman parte de ese acuerdo los ministerios de Gobierno y del Interior, el Servicio de Rentas Internas, la Unidad de Análisis Financiero y Económico, el Servicio Nacional de Aduana, y la Presidencia de la República.
Durante el acto oficial, el mandatario se refirió al papel de la Contraloría, y aunque esa instancia no forma parte del convenio le pidió mayor control a los gobiernos locales, especialmente a los que están ubicados en provincias de la costa, como Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas, Los Ríos y El Oro.
El gobernante afirmó que en los últimos años, se han usado las prefecturas, municipios y juntas parroquiales para el lavado de activos a través de la contratación pública al cotizar obras y servicios por debajo del costo y así «logran lavar, secar y planchar todo lo que quieran».
También apuntó que perseguirá a delincuentes de cuello blanco que «se hacen pasar como personas respetables».
Por su parte, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, que con ese acuerdo interinstitucional buscan disminuir la impunidad de la delincuencia económica, que está ligada al narcotráfico, la trata de personas, la minería ilegal y el terrorismo.
La firma del acuerdo tiene lugar en medio de polémicas investigaciones impulsadas por la Fiscalía que vinculan a jueces y políticos con una trama de corrupción ligada al narcotráfico y son los denominados casos Metástasis y Purga.
Ambos procesos reciben cuestionamientos debido a la actuación de la fiscal general, Diana Salazar, a quien muchos acusan de ser parcial y de utilizar esas pesquisas para salvarse de un eventual juicio político en la Asamblea Nacional (Parlamento).